Autora: María Eugenia Cerna
Convertir al Perú en un país desarrollado no depende de discursos, sino de decisiones legislativas sostenidas durante las próximas dos décadas. La historia económica demuestra que los países que lograron transformarse —como Corea del Sur, Singapur, Irlanda o Estonia— aplicaron agendas normativas coherentes orientadas a productividad, innovación, industrialización y educación técnica de alto nivel.
Corea del Sur, por ejemplo, no solo abrió su economía; la dirigió legislativamente. La Foreign Capital Inducement Act (1966) permitió atraer inversión extranjera bajo criterios estratégicos. Luego, la Heavy and Chemical Industry Drive (1973) como política respaldada por legislación sectorial impulsó deliberadamente acero, petroquímica, maquinaria y automotriz, cambiando la matriz productiva. Complementariamente, la Technology Development Promotion Act (1972) promovió investigación aplicada y transferencia tecnológica. El resultado fue una transformación estructural que llevó al país de economía agrícola a potencia industrial y tecnológica en una generación.
Singapur siguió una lógica similar. La Economic Development Board Act (1961) creó una agencia técnica especializada en planificar la industrialización y atraer inversión estratégica. Más adelante, la Economic Expansion Incentives Act (1967) otorgó incentivos fiscales selectivos para manufactura y tecnología avanzada. No se trató de crecimiento espontáneo, sino de legislación orientada a sectores prioritarios.
Irlanda consolidó su salto mediante la Industrial Development Act (1986), que fortaleció la autoridad nacional encargada de atraer inversión tecnológica, y mediante reformas tributarias estratégicas contenidas en la Finance Act (1997), que consolidaron un régimen competitivo para atraer empresas globales de alto valor agregado. Así se configuró el denominado “milagro irlandés”.
Estonia, por su parte, comprendió que la competitividad moderna exige un Estado digital. La Digital Signatures Act (2000) y la Public Information Act (2001)crearon el marco jurídico para la digitalización total de la administración pública, reduciendo costos regulatorios y acelerando el ecosistema tecnológico nacional.
¿Qué demuestra esta evidencia? Que el desarrollo no ocurre por inercia macroeconómica, sino por legislación estructural orientada a productividad, innovación e industrialización.
El punto de partida peruano revela tanto fortalezas como desafíos. En la actualidad, aproximadamente 69,5 % de las exportaciones del país provienen del sector energía y minas, lo que refleja una alta dependencia de materias primas. Asimismo, el valor agregado manufacturero representa solo alrededor del 12,3 % del PBI, muy por debajo de los niveles que caracterizan a las economías industrializadas. A ello se suma que el gasto nacional en investigación y desarrollo alcanza apenas 0,16 % del PBI, indicador significativamente inferior al promedio de los países desarrollados. Estos datos evidencian que el principal desafío del país no es crecer más rápido, sino cambiar su estructura productiva hacia sectores tecnológicos, industriales y de alto valor agregado.
Aún así, el Perú posee hoy condiciones que muchos de estos países no tenían al iniciar su desarrollo: recursos estratégicos, acceso preferencial a mercados internacionales y una economía abierta que puede integrarse rápidamente a cadenas globales de valor. Es entonces que, que hace falta una estrategia legislativa sostenida que convierta esas ventajas en desarrollo productivo.
La primera prioridad debe ser la transformación productiva. Durante décadas, el crecimiento económico peruano ha estado vinculado principalmente a la exportación de materias primas, lo que ha permitido estabilidad macroeconómica, pero no ha generado el nivel de industrialización ni de empleo tecnológico necesario para dar el salto al desarrollo. Una agenda legislativa como la que planteo, promovería lo que necesitamos: manufactura avanzada, industria tecnológica y exportaciones de alto valor agregado mediante incentivos productivos, fortalecimiento de proveedores nacionales y desarrollo de clústeres industriales competitivos a escala internacional.
El segundo eje es la inversión estratégica y la estabilidad jurídica productiva orientada al desarrollo. El país cuenta con mecanismos de estabilidad para inversiones desde la década de 1990, pero estos deben modernizarse para atraer industrias tecnológicas y manufactureras de largo plazo, vinculando la estabilidad jurídica a compromisos de transferencia tecnológica, empleo calificado y encadenamientos productivos nacionales. La estabilidad normativa no solo debe atraer capital; debe orientar el tipo de inversión que el país necesita para industrializarse.
El tercer eje consiste en convertir al Estado en impulsor directo de la innovación. Cada año, el sector público moviliza miles de millones de soles en compras públicas que podrían convertirse en un poderoso motor de desarrollo tecnológico nacional. Incorporar mecanismos de compras públicas innovadoras permitiría que empresas peruanas desarrollen soluciones tecnológicas para salud, educación, seguridad, transporte y digitalización estatal, generando así ecosistemas empresariales de innovación que eleven la productividad nacional.
El cuarto eje es la simplificación regulatoria productiva. La velocidad de inversión determina la competitividad de un país. Reducir tiempos administrativos, digitalizar procedimientos y aplicar silencio administrativo positivo en trámites de bajo riesgo vinculados a inversión productiva permitiría acelerar proyectos industriales y tecnológicos, enviando al mismo tiempo una señal de eficiencia institucional y predictibilidad normativa indispensable para atraer inversiones estratégicas.
Finalmente, ningún país alcanza el desarrollo sin continuidad de políticas públicas. Las economías que lograron el salto histórico mantuvieron durante décadas estrategias nacionales de desarrollo productivo, educación técnica y transformación industrial, más allá de los cambios de gobierno. La agenda legislativa del Perú debe asegurar esa continuidad mediante marcos normativos de largo plazo que establezcan metas productivas nacionales, sistemas de evaluación permanente y coordinación institucional orientada al crecimiento de la productividad.
El Perú tiene hoy la oportunidad histórica de decidir si continuará dependiendo de los ciclos internacionales de materias primas o si iniciará, de manera sostenida, el camino hacia una economía industrial, tecnológica y altamente productiva. Convertirse en un país desarrollado entre 2026 y 2046 no es una meta imposible; es el resultado de adoptar, desde ahora, las decisiones legislativas correctas que permitan transformar nuestras ventajas naturales en innovación, industria moderna y prosperidad sostenida para todos los peruanos.